La pérdida de los valores
Un árbitro de fútbol explica a la prensa el motivo por el cual no cobró el correspondiente tiro penal ante el notorio abrazo inmovilizador de dos defensores a un atacante rival dentro del área estando la pelota en juego. Agrega que si fuera a penar todas esas infracciones sancionaría diez o doce penales por partido, algo que nadie hace y que se constituiría en un escándalo.
Un aficionado que piensa concurrir a un partido de fútbol estaciona su automóvil a cinco o seis cuadras de la cancha. De inmediato aparecen un par de individuos de aspecto no muy amigable y le solicitan dinero por estacionar (el importe varía según la importancia del match pero siempre es una tarifa única que puede alcanzar los cincuenta pesos, más caro que un estacionamiento legal). El aficionado entrega el dinero sin pensarlo dos veces. Es que la extorsión, la intimidación y la posibilidad de que cuando regrese del partido se encuentre con que le han destrozado el auto lo persuade sin ninguna clase de dudas.
Un automovilista se detiene ante un semáforo en rojo. Es éste uno de los más peligrosos lugares de cualquier ciudad. En ese momento puede ser asaltado, herido o asesinado. También puede ser asediado con violencia verbal o física por limpiavidrios, malabaristas, tragafuegos o vendedores diversos.
Un grupo de individuos, enmascarados y provistos de gruesos garrotes, con actitud amenazante a los ojos de cualquier vecino común bloquea la más importante avenida de la ciudad (9 de Julio), instala carpas, hace fogatas para cocinar, juega a la pelota y rapiña los negocios de los alrededores. La Constitución Nacional y el Código Penal llaman a esto delito de sedición entre otras posibles figuras penales. Ningún fiscal o juez interviene de inmediato para aplicar el Derecho. Nadie cumple ni hace cumplir la ley.
Un directivo de una asociación civil sin fines de lucro plantea en una reunión de la Comisión Directiva el cumplimiento del Estatuto de la entidad en cuanto a las atribuciones correspondientes a los diferentes cargos de la misma (Presidente, Secretario, Tesorero, etc.). Otro miembro de la Comisión, y además abogado, le recomienda retire el cuestionamiento porque las cosas se han hecho siempre así en la entidad sin atender a las normas establecidas y por lo tanto en este caso la costumbre está por encima de lo establecido por el Estatuto social.
Un importador argentino que trae al país mercadería de los otros países del Mercosur sabe que tal importación debe estar exenta del pago de aranceles aduaneros de importación y de otras restricciones no arancelarias. Pero su propio país ha establecido la exigencia de licencias previas no automáticas, certificaciones, cupos y en ocasiones cláusulas de salvaguardia a algunas de esas importaciones, medidas todas en abierta violación a los Tratados y Protocolos del Mercosur, a la legislación obligatoria dictada por los órganos del Mercosur y hasta a algunos fallos del Tribunal Arbitral.
Un exportador argentino que vende sus productos en los países del Mercosur sabe que las exportaciones a esos países deben estar exentas del pago de los derechos de exportación que en su país llaman eufemísticamente “retenciones” y de cualquier otra traba, como la intervención de la ONCCA. Sin embargo, debe abonar los mencionados derechos como si exportara a cualquier otro país del mundo y someterse pacientemente a aguardar el permiso para exportar.
Un país que ha participado de varias controversias llevadas al Tribunal Arbitral del Mercosur y cuyos fallos entiende que lo han perjudicado (el caso de la importación de bicicletas y neumáticos, la aplicación de cláusulas de salvaguardia, la apertura al libre tránsito en los puentes internacionales) simplemente no los acata. De igual modo, sabe además que, en fallos en los cuales no fue parte, el Tribunal Arbitral ha determinado la ilegalidad de los derechos de exportación, pero simplemente no lo toma en cuenta y a su vez los establece llamándolos “retenciones” aún cuando el destino de las mercaderías sea un país del Mercosur.
Cuando algún ciudadano reclama el respeto por el Derecho y por las normas establecidas, debe además soportar que algunos despistados lo llamen anticuado, conservador, intolerante, derechista o peor aún, fascista. Recordando una frase de Ricardo III apropiada para estos tiempos podríamos decir: “Tan mal anda el mundo que ya hasta a cazar se atreven los gorriones”.
En el título del presente comentario se incurrió intencionadamente en una equivocación. No es que en realidad hayamos todos perdido los valores. Si el Derecho y su aplicación estuvieran en decadencia realmente no nos quedaría ni siquiera lo poco que todavía mantenemos como sociedad organizada. Los valores y el Derecho nunca deberían estar en decadencia porque si no sobrevendría el caos aunque ya estamos cerca de él. Lo que ocurre en verdad es que actualmente están siendo ignorados, violados y vilipendiados aún por aquellos que deben acatarlos y hacerlos cumplir. Es el comienzo de la decadencia. Una ominosa perspectiva.