Rumbo al E-27, la industria del etanol propone nueva ley de biocombustibles
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, asegura que se ha llegado a buen puerto con un proyecto consensuado con gobiernos provinciales y otras entidades que agrupan a los productores.
Después de haberse colocado los pantalones largos en los últimos años, con inversiones y saltos en producción, la cadena del maíz en Argentina, lejos de haber alcanzado un techo, puede subir más escalones en los próximos años.
El posicionamiento depende de una reconfiguración de las reglas, en particular la Ley de Biocombustibles, que a principios de la década abrió las puertas a nuevas inversiones en la producción de biodiésel (derivado de soja) y bioetanol (derivado de caña de azúcar y maíz).
“Desde la Cámara de Bioetanol de Maíz estamos trabajando mancomunadamente con la Cámara de Bioetanol de Azúcar y con las otras cámaras de biocombustibles, sobre todo de biodiésel, junto a los gobiernos provinciales y llegamos a buen puerto con un proyecto de ley consensuado, que va a ir próximamente al Congreso”, dijo a Container Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
Durante la Sexta Convención de Maíz, que tuvo lugar en Córdoba, Adam intervino en un panel titulado “Agroenergía, una fuente de diversificación”, junto a Fabián López (ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza) y Andrés Aguilar Benítez, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
Objetivo E-27
A los efectos prácticos, el proyecto prevé llevar el corte de las naftas con bioetanol del actual 12 por ciento al 27 por ciento. “Estimamos que para Córdoba va a haber un programa de inversiones de entre mil millones y 1.500 de dólares en cinco años si esta ley se aprueba, y obviamente va a abrir el mercado del maíz, en unos seis millones de toneladas”, explicó Adam.
De este modo, habrá un mercado ampliado para los productores de maíz, que van a tener la opción de vender a las plantas de etanol o ir al puerto. Pero, claramente, la demanda interna va a aumentar, argumentan los industriales.
La actual normativa, ley 26.093, de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustible, que comenzó a regir en 2010, tiene plazo de caducidad en mayo de 2021.
La industria etanolera propone arrancar pronto con un mínimo de 15 por ciento en la mezcla para luego progresivamente llegar al E-27, como se aplica en Brasil.
Política de precios
Container consultó a Adam sobre la experiencia del sector respecto de la política de precios para estos biocombustibles. “La política de precios en sí, conceptualmente, no es mala –respondió–. El tema es que la han cambiado permanentemente y en la última parte del actual gobierno, directamente desapareció”.
“Por lo tanto, se volvió el precio algo arbitrario, que no responde a nuestros costos y nos ha llevado a una posición próxima al quebranto, muy preocupante, sobre todo en un sector que invirtió 150 millones de dólares en cinco años, para aumentar su capacidad de producción, mejorar sus procesos y que hoy se encuentra sin poder amortizar esas inversiones”, advirtió.
Avance obligado
En esta industria advierten que cuando la producción de maíz en el país ya perforó los 40 millones de toneladas, la primera consecuencia es una baja en el precio internacional. En segundo término, la cadena de valor naturalmente se tiene que dar en su origen, en las economías regionales. “Es ahí donde estamos apostando y donde se produce el etanol”, argumenta Adam.
Otro efecto positivo es que el biocombustible puede sustituir “de un día para el otro” importaciones de naftas por más de 200 millones de dólares.
Desde este punto de vista, la actualización del marco normativo traerá como resultado beneficios ambientales (por el mayor uso de combustibles renovables y no contaminantes) y también de orden económico y social, por el agregado de valor y empleo local.