¿Empresarios y seguridad jurídica “a medida”?
Columna por Walter Giannoni.
Argentina se apresta a escribir lo que podría llamarse sin vueltas la “Enciclopedia Universal de la Inseguridad Jurídica”. Eso es lo que ocurrirá si el precedente sentado por la Justicia por la participación de Ángelo Calcaterra –primo del expresidente Macri– y otro empresario, en la causa denominada los Cuadernos de las Coimas queda finalmente así y resultaría más gravosa todavía si se extiende a los otros 31 imputados que se habían declarado responsables de esas exacciones.
Todo indica que Calcaterra ya está afuera y que aquellos 15 aportes (¡15!) a manos de funcionarios de pasados gobiernos kirchneristas eran solo apoyos vocacionales de campaña.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón al empresario de que la plata era eso: dinerillo proselitista y no coimas efectivas, como se auto incriminaron muchos integrantes del llamado Club de la Obra Pública. Calcaterra habría incurrido así en un mero desliz procedimental que debe ahora tramitarse en el fuero electoral para lo que seguramente será una sanción menor. Una vuelta menos de calesita, quizás.
El caso deja desnudas a las instituciones de la Democracia, en este caso, a la propia Justicia que desde las épocas de José Hernández quedó sospechada para el devenir de los años. “Hacéte amigo del Juez; /No le des de qué quejarse”, dice su sabio Martín Fierro.
La seguridad jurídica es una condición declarada como prioritaria a la hora de garantizar procesos económicos y sobre todo inversiones. En más de una ocasión, entidades gremial empresarias han puesto el grito en el cielo por la violación o supuesta violación de este punto. Sintéticamente se dice que la seguridad del ordenamiento jurídico implica la certeza de normas y la previsibilidad de su aplicación, cimiento para cualquier país que busque el crecimiento y el desarrollo.
¿Alguien puede considerar con seriedad que un empresario de ese nivel puede confundir 15 aportes de campaña entre 2013 y 2015 con pagos no permitidos a funcionarios del Estado? ¿Tiene la Cámara de Casación integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, que decidió por unanimidad, ese nivel de razonamiento para todos los casos que tocan su puerta?
Vale insistir, se invoca desde el empresariado la falta de seguridad jurídica para rechazar acciones gremiales, tasas, gravámenes o reformas de cualquier tipo. ¿Es esto eso mismo? ¿O hay que dejarlo pasar porque se trata de colegas?
