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La industria del juicio por accidentes laborales se lleva $200 mil millones al año

La industria del juicio por accidentes laborales se lleva $200 mil millones al año

Del análisis elaborado por la UIA se desprende que mientras Chile tiene menos de 6 juicios cada 10 mil trabajadores, la Argentina llega a 114. Esto incrementa las alícuotas de las ART.


Las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizaron “el doble impacto negativo” de la alícuota de los seguros de riesgos del trabajo sobre la actividad industrial y la competitividad del sector productivo. 

A pesar de la inversión de trabajo en prevención y seguridad en los establecimientos, que implicó que se reduzca a la mitad la tasa de accidentes laborales en los últimos 20 años y más de un 10% en el último año, la cantidad de juicios se incrementó exponencialmente durante ese período, subrayó.

Con un total de 300.000 juicios todavía sin resolver (124 mil nuevos en 2024), se elevan aún más los costos para las empresas y los trabajadores, indicó la organización fabril. 

La alícuota promedio que paga la industria por seguros de riesgos del trabajo registró una suba de casi el 10% entre octubre de 2024 y enero de 2023 llegando a un 3,5% de la masa salarial, una alícuota por encima de lo que pagan otros países de la región. 

En Chile, por ejemplo, la alícuota promedio de la industria es de 2,6% con una tasa de accidentabilidad muy similar a la de Argentina. La principal causa de esta diferencia es la cantidad de juicios: mientras que en Chile se inician 5,8 juicios por año cada 10.000 trabajadores, en Argentina asciende a 114 cada 10.000 empleados.

A partir de estas asimetrías en las alícuotas, se genera un costo anual diferencial para la industria argentina cercano a los 210 mil millones de pesos. 

El desvío de estos recursos afecta la competitividad de las empresas y los ingresos de los trabajadores, y sólo benefician a la litigiosidad y la industria del juicio. 

La UIA solicitó nuevamente la conformación de los cuerpos médicos forenses provinciales y que los costos de las pericias no estén asociados a la incapacidad determinada por los peritos, sino que sea una retribución acorde al servicio prestado por los forenses.

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