Adiós al CIBU: el Gobierno desburocratiza la importación de maquinaria usada
En línea con su programa de desregulación económica, el Gobierno Nacional eliminará, mediante un nuevo decreto, una medida que estuvo vigente por más de tres décadas: el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). Esta exigencia burocrática se aplicaba a quienes deseaban ingresar maquinaria y equipamiento usado al país, y limitaba la posibilidad de modernizar procesos productivos a bajo costo.
Con la nueva norma, se termina la obligatoriedad de este certificado, permitiendo así la importación automática de bienes de capital usados, sin trámites adicionales ni intervención del Estado. La decisión busca descomprimir el sistema administrativo y facilitar el acceso a tecnología para sectores que no pueden costear maquinaria nueva, pero necesitan modernizar sus procesos para seguir siendo competitivos.
La medida es particularmente relevante para sectores industriales, mineros, energéticos y del petróleo y gas, que ahora podrán incorporar maquinaria usada con mayor rapidez y sin condicionamientos. El beneficio es doble: por un lado, permite acceder a equipamiento más económico; por otro, reduce tiempos de espera e incertidumbre regulatoria, algo clave en entornos de inversión.
El impacto puede ser significativo: solo en 2024, el Estado había recibido más de 1500 solicitudes de CIBU. Cada expediente requería un análisis para determinar si existía o no producción nacional equivalente. Esa exigencia no solo ralentizaba operaciones, sino que también actuaba como una traba indirecta para importar maquinaria estratégica. En muchos casos, las empresas se veían obligadas a optar por procesos más caros, menos eficientes o directamente desistían de invertir.
La norma también se alinea con el Decreto 70/2023, que prohíbe establecer restricciones a las importaciones por motivos económicos. Bajo el régimen anterior, si existía un productor local —aunque no siempre con la misma tecnología o capacidad— se denegaba el ingreso de la maquinaria usada, generando una protección que, en algunos casos, frenaba la innovación o limitaba la escala de producción.
El Gobierno considera que esta desregulación forma parte de un nuevo marco pro-inversión, en el cual el Estado deja de ser un obstáculo para quienes deciden apostar al crecimiento. En momentos donde la competitividad y la incorporación de tecnología son condiciones indispensables, liberar el ingreso de maquinaria usada puede convertirse en una palanca concreta para reactivar sectores clave de la economía real.