Cuentas sin declarar en el exterior: claves del intercambio de información con EE.UU.

¿Qué hay detrás del último acuerdo de intercambio de información del Gobierno con Estados Unidos para forzar un nuevo blanqueo de activos no declarados de argentinos en el exterior? ¿Cuántos dólares podrían “recuperar” las exhaustas arcas del Banco Central por este mecanismo?

El economista Diego Dequino, experto en finanzas públicas y fundador del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología desmenuzó las  claves del proyecto motorizado por el ministro de Economía Sergio Massa, durante una entrevista del programa “Córdoba al Mundo” (Canal C) que conduce el periodista Gustavo Tobi.

Al respecto, Dequino ponderó el acuerdo para compartir información fiscal con los Estados Unidos, y recordó que este es un procedimiento que la Argentina viene gestionando desde 2017 y en particular desde 2012, cuando el país ingresó en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) a partir de votarse una ley del Congreso.

Consideró que el Gobierno, “con cierta picardía usa esta información para crear una presión sobre quienes podrían tener dinero en el exterior –en este caso EE.UU.– no declarado y se los presiona de alguna manera para tratar de capturar fondos”.

A partir de esto, Dequino relativizó los números que circulan en torno de estos activos no declarados y como evidencia fáctica remitió a lo que fue el blanqueo de 2017. En total, se situó en el orden de los 116.000 millones de dólares. De estos, más o menos 31.000 millones eran bancarios; el resto era patrimonio, propiedades sobre empresas o propiedades inmuebles, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

De esos 31.000 millones en cuentas en el exterior, que no estaban declarados en el país y se declararon en ese blanqueo, alrededor de 25.000 millones de dólares estaban en el exterior; el resto estaban en el país (lo que se llama “colchón”). Y de esos 25.000 millones, unos 18.000 millones de dólares estaban en EE.UU.; el resto en Suiza y en Uruguay.

Con lo cual –analizó Dequino–, si uno trae aquella información a hoy, pensando que aquel blanqueo fue extraordinario, resulta apresurado hablar de que puede haber 100.000 millones de dólares en Estados Unidos que no se están declarando en cuentas bancarias.

Para Dequino, resulta correcto que los gobiernos intercambien información para que no haya evasión ni elusión fiscal, pero marcó dudas respecto de una nueva ley de blanqueo. “No está claro cómo sería; si nos atenemos a la información del intercambio, debería ser solo de cuentas bancarias. Y, sin embargo, no hay un blanqueo de este tipo que exista. Los blanqueos tienen que ver con cuentas bancarias y con cuentas no bancarias, dinero en efectivo, propiedades, tenencia de empresas”.

Los expertos señalan que no necesariamente este intercambio de información va a precisar cuánto es la tenencia, sino solo el flujo, la rentabilidad de esos activos. Es decir, “no se verían en las tablas de excel que mandan desde EE.UU. cuánta plata tiene tal o cual persona, sino  cuánta rentabilidad le entra en esa cuenta”.

Respecto de cuál podría ser ahora el resultado fiscal de esta operación, el economista recordó que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se obtuvieron más de 9.000 millones de dólares. “Ahora están diciendo mil millones, pero a este monto yo le sacaría tres cuartos para tener una idea de lo que puede ser el resultado”, pronosticó.

Igualmente, reparó que si las cuentas están en cabeza de empresas (normalmente quienes evaden o eluden a través de paraísos o cuentas en el exterior lo hacen de esa manera, no en persona propia), en ese caso la información no fluiría de forma natural.

Luego de mencionar como dato positivo los acuerdos de préstamo con controles trimestrales por parte del FMI, Dequino se refirió al atraso cambiario, una política que el Gobierno arrastra desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. “El tipo de cambio formal, oficial, aumentó más o menos dos tercios de lo que ha sido la inflación, y una cuarta parte del total del aumento que ha habido de las Leliq (letras de liquidez del BCRA), una deuda que el Estado o el Banco Central va a tener que atender”.

Ante la pregunta si se podría reeditar un plan Bonex (canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos como en 1989, durante la primera presidencia de Carlos Menem), Dequino respondió: “No veo las condiciones para que se repita eso; tampoco un “corralito”, porque no es necesario hoy; con el dinero digital, las cuentas bancarias están utilizadas por todos los ciudadanos. Sí creo que puede haber otro mecanismo de reprogramación de esos pasivos o de refinanciamiento”.