Eliminación del Registro de contratos de alquiler y sus implicancias
Por Mariano García Malbrán, Presidente de la CAMESI.
En un movimiento significativo hacia la simplificación de los trámites para contribuyentes, el Gobierno, a través de la AFIP, ha eliminado la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. La decisión pretende reducir la carga burocrática sobre los locadores y locatarios, aunque mantiene la opción de registrar voluntariamente los contratos para aquellos que deseen acceder a ciertos beneficios fiscales.
La eliminación del Régimen (RELI) busca facilitar las operaciones inmobiliarias, permitiendo a los involucrados operar con mayor flexibilidad. Sin embargo, esta desregulación también implica que la fiscalización y control sobre los alquileres podría debilitarse, lo que podría generar un mayor riesgo de informalidad en el mercado. Por otro lado, aquellos contribuyentes que busquen acceder a beneficios fiscales, como los del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o los impuestos sobre Créditos y Débitos, Bienes Personales y Ganancias, deberán seguir registrando sus contratos en el sistema RELI, con plazos específicos para su cumplimiento.
Medidas similares de desregulación han sido implementadas en otros países, con resultados mixtos, por ejemplo, España en 2013, en el Reino Unido en 2015 y en Estados Unidos. La flexibilización resultó en un aumento de la oferta de alquileres a corto plazo, pero también condujo a una menor protección para los inquilinos y un aumento en la volatilidad de precios. También se observó un incremento en la informalidad, dificultando la recaudación de impuestos o su evasión y la protección de los derechos de los inquilinos, con problemas en la regulación del mercado inmobiliario.
Los beneficios son: la reducción de burocracia, agilizar las operaciones inmobiliarias y potenciando la dinámica del mercado, así también genera flexibilidad operativa y por ende los locadores y locatarios tienen mayor libertad para gestionar sus contratos sin la presión de cumplir con requisitos regulatorios estrictos. Todo ello fomenta la inversión en el sector inmobiliario, ya que se genera una mayor rentabilidad al hacerlo más accesible y menos costoso para los propietarios.
Otro posible daño colateral es que inquilinos y propietarios podrían enfrentar mayores dificultades para hacer valer sus derechos, especialmente en casos de conflicto, para darle fecha cierta a sus contratos y de ese modo hacerlos valer judicialmente.
En conclusión, es un paso hacia la desburocratización que puede ofrecer beneficios inmediatos en términos de eficiencia y flexibilidad. Si bien estas medidas pueden dinamizar el mercado, también requieren de una implementación cuidadosa y de mecanismos complementarios para mitigar los riesgos asociados.
