¿Guerra total al empresariado? Control exhaustivo de precios, stock y distribución para 1.000 compañías
Deberán presentar las variables por primera vez el 1 de abril. Los sectores afectados son alimentos, materiales de construcción, químicos, electrónicos y muebles. La medida podría derivar en una catarata de cautelares.
Con lo que denominó el Sistema Sipre, el Gobierno empezará a controlar de manera sistemática, digital y mensual los precios y cantidades de bienes finales e intermedios vendidos.
El objetivo es “hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno”, adujo.
Ya una alimentaria se adelantó a la medida y entregó una carpeta con 1.800 páginas donde detalla precios de los insumos, costos de producción, stocks y carga impositiva sobre la mercadería final.
Se desconoce el destino final de un trabajo tan minucioso.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la resolución 237/2021 de la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español.
Apunta los cañones sobre las mil mayores grandes empresas del país de rubros en distintos eslabones de la cadena de comercialización de productores, distribuidores y comercializadores.
De acuerdo con la clasificación de Sepyme, en el sector de la construcción, el control alcanzará a las firmas que facturen más de 965,5 millones de pesos, en el comercio los 2.602 millones y en la industria a partir de los 2.540 millones.
La pandemia, argumento
Para sustentar la exigencia, la cartera argumenta la alteración de los mercados producida por el impacto de la pandemia de Covid-19.
Entre los objetivos, se menciona la necesidad de dotar al Estado nacional de una “herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que pueden producirse”.
También coordinar acciones para prevenir faltantes o escasez de oferta de insumos y bienes finales, y en función de esto, según proclama, fortalecer el mercado interno.
La medida, sin embargo, podría terminar en una sucesión de cautelares ya que para la legislación argentina los bienes intermedios y finales forman parte de la propiedad privada de quienes los producen.
Fechas claves
La primera presentación de las declaraciones juradas deberá realizarse dentro del período comprendido entre el 1 y el 10 de abril. Ahí se deberán informar los precios, cantidades vendidas y stock disponible para enero, febrero y marzo.
Luego se controlará el mes inmediato anterior. La decisión tendrá vigencia durante todo este año.
Para el caso de incumplimientos, la resolución prevé la aplicación de sanciones contempladas en la ley Nº 20.680, de Abastecimiento.