Márquez y Asociados: detenciones, allanamientos y una multa millonaria por presuntas estafas
La causa penal contra la desarrollista Márquez y Asociados sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, ordenó una serie de allanamientos simultáneos en las oficinas de la empresa y en domicilios vinculados a sus principales responsables.
Como resultado, ya son cuatro los detenidos: los hermanos Juan Pablo, Ariel y Matías Márquez, titulares de la firma, y Ramiro Nieva, contador de la empresa. Todos están acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas, según confirmó el propio Gavier.
El caso comenzó con denuncias por la falta de entrega de viviendas previamente abonadas por los clientes. Representantes legales de los damnificados sostienen que hubo un desvío de fondos hacia fines ajenos a la construcción. Entre ellos, la expansión del negocio y transferencias hacia el extranjero, en particular a Florida (EE.UU.) y un país centroamericano.
Una investigación de La Voz reveló que los hermanos Márquez registraron en Florida una sociedad offshore, The Marlin Beachside LLC, con sede en la ciudad de Hollywood. Su dirección coincide con la de un hotel frente al mar, lo que refuerza las sospechas sobre posibles inversiones en el exterior con dinero de los compradores.
En Córdoba, los reclamos se multiplican. El abogado Rubén Sánchez Quinteros ya presentó 30 denuncias y anticipó que se encuentra preparando 200 más. Según indicó, algunas obras ni siquiera iniciaron, y los contratos fueron modificados para extender los plazos de entrega hasta 2027 o 2028.
En paralelo, la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba aplicó una multa de 260 millones de pesos a Márquez y Asociados por violaciones reiteradas a la Ley de Defensa del Consumidor. La sanción se basa en 22 resoluciones firmes, mientras que otras 280 presentaciones están en trámite.
Las infracciones detectadas incluyen falta de información veraz, trato indigno hacia los consumidores e incumplimientos en la construcción de viviendas. En los últimos tres años, se registraron más de 300 denuncias formales ante el organismo provincial.
El Gobierno cordobés advirtió que continuará articulando acciones con la Justicia y recordó que los damnificados pueden seguir presentando reclamos tanto en las delegaciones como en la plataforma virtual del organismo.
El escándalo sigue creciendo y promete nuevas derivaciones judiciales en los próximos días.